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El heredero de Franco abdica, la impunidad del franquismo permanece

17/06/2014
Publicada: 17/06/2014

Comunicado de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

Ante el nuevo atropello a la soberanía popular que el régimen de la Transición ha puesto en marcha para perpetuarse, imponiéndonos nuevamente a un miembro de la familia Borbón como jefe de estado no electo, la Federación Estatal de Foros por la Memoria desea hacer llegar a toda la población, así como a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales su posición al respecto:

El modelo de impunidad español no es circunstancial ni una herencia del pasado, sino un elemento consustancial y definitorio del régimen de la Transición. Cuando se define el modelo de transición español como exportable a otros países, de lo que se trata realmente es de exportar a los países que salen de una dictadura, la impunidad de los crímenes y de los criminales, así como garantizar el estatus de los sectores que se han beneficiado económicamente con la dictadura.

El movimiento social por la recuperación de la memoria democrática ha sido desde hace 10 años, la base en la que se ha sustentado esencialmente, la crítica al modelo de impunidad y al régimen de la transición. La vigencia jurídica de las sentencias franquistas, y fundamentalmente, la pervivencia de las fosas comunes del franquismo, con decenas de miles de asesinados desaparecidos, supone el cuestionamiento de la vigencia del estado de derecho en España, y de su carácter democrático.

Asimismo, las denuncias de las víctimas del franquismo muestran cómo el régimen de la monarquía bananera ha vulnerado sistemáticamente, y lo sigue haciendo, el derecho penal internacional y los derechos humanos.

Si bien la Ley de Sucesión de 1969 y el nombramiento de Juan Carlos de Borbón son actos ilegales, llevados a cabo por un régimen dictatorial ilegítimo en su origen, los medios de comunicación vienen argumentando que Juan Carlos de Borbón recibió de Franco un poder absoluto, del que tuvo a bien renunciar y entregarlo al pueblo español. Por el contrario, es notorio que aceptó de buen grado la entrega de la soberanía nacional y popular secuestrada por los franquistas a punta de pistola en 1936.

Este comportamiento, en caso de tratarse de un objeto material, está tipificado en el Código Penal como delito. Incluso hemos de recordar que ejerció como jefe de estado en funciones durante los largos periodos de enfermedad del dictador, en momentos en los que las cárceles estaban llenas de presos políticos y se asesinaba a luchadores antifascistas mediante piquetes de fusilamiento y garrote vil. En ningún momento utilizó el monarca su prestigio y su posición en el Régimen para impedir o denunciar esos excesos, siendo su colaboración condición necesaria para su ejecución.

La dictadura franquista no acabó el 20 de noviembre de 1975 con la muerte física de Franco. Se extendió legalmente hasta la proclamación de la Constitución en diciembre de 1978, o al menos, hasta las primeras elecciones generales, en Junio de 1977. Por tanto, Juan Carlos de Borbón es el segundo titular como Jefe de Estado de la dictadura franquista. Entre la muerte de Franco y la promulgación de la Constitución, se siguieron produciendo centenares de vulneraciones de los derechos humanos: asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, etc… por parte del aparato estatal franquista y de grupos armados parapoliciales. Todos esos crímenes, coetáneos con los que se están juzgando actualmente en otros países que padecieron dictaduras militares, permanecen impunes en España.

Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle: cada avance en la conquista de derechos, cada renuncia de la dictadura en su fase terminal se produjo, no por una amable concesión del Borbón y de sus adláteres, sino producto de la presión y la movilización popular de los movimientos obrero, estudiantil y vecinal, entre otros colectivos. Hoy sabemos sobradamente que el proceso electoral de 1977, que construyó una nueva legalidad democrática y que llevó a que las instituciones de la República en el exilio se disolvieran voluntariamente, no solamente estuvo teñido de notorias irregularidades —denunciadas entonces por el propio Presidente de la República en el exilio, José Maldonado—, sino que esa impunidad se ha revelado de tal magnitud que impide, desde valores democráticos, afirmar la legitimidad del actual régimen monárquico.

El referéndum del 6 de diciembre de 1978 fue un acto de liquidación de las Leyes Fundamentales, pero no de legitimación de la Monarquía. Desde la elección de don Manuel Azaña como Presidente de la República española, hace 78 años, se ha impedido al pueblo español la libre elección de su Jefe de Estado. El argumento de que el establecimiento de la forma de Estado actual se decidió libremente en el referéndum constitucional de 1978, es más que discutible:

1. Las elecciones de 1977 no fueron convocadas con una apelación expresa a la soberanía popular de carácter constituyente, este carácter fue sobrevenido y zonas clave del tejido constitucional quedaron fuera de la discusión como por ejemplo el papel del ejército, la iglesia y, por supuesto, la propia monarquía. Las únicas elecciones constituyentes de acuerdo a derecho que hubo en España en el siglo XX fueron las de Junio de 1931.

2. Se prohibió la participación en las mismas de los partidos republicanos, y de todas las formaciones políticas que cuestionaban la monarquía.

3. Las elecciones de 1977 y el referéndum constitucional se celebraron sin que se hubieran producido previamente unos comicios municipales. Por tanto, se llevaron a cabo con todos los aparatos del Estado central, municipal y diputaciones en manos de falangistas y franquistas (en algún caso recién conversos a la democracia). Todas las formas de manipulación y coacción se pudieron ejercer, sobre todo en las localidades más pequeñas. En estos años desde el final de la II República Española en junio de 1977, el estado español realmente existente, la Monarquía emanada en última instancia de las leyes franquistas, que pasó a ser parlamentaria con la Constitución Española del 78 (CE 78), sigue considerando como «legales» los tribunales y sentencias franquistas, como culpables a sus víctimas y como aceptables el robo masivo y el expolio al que fueron sometidos. Ninguna esperanza hay de que eso cambie con este régimen.

En 39 años de monarquía parlamentaria, el jefe del estado escogido por Franco no tuvo ni una palabra, ni un gesto de humanidad hacia los cientos de miles de víctimas del golpe y la dictadura, y el Estado ha intentado desesperadamente impedir que se avance en la lucha por la Verdad, la Justicia y la Reparación. Solo hay una explicación: la dictadura de Franco tuvo dos jefes de estado, uno el propio Franco, el otro, su sucesor «a título de Rey», Juan Carlos Borbón, responsable por tanto de los crímenes cometidos por aquel régimen.

Monarquía e Impunidad van juntos. La actual discusión sobre el estatuto del rey tras su abdicación es por tanto irrelevante, no depende de su nivel de protección legal o aforamiento, sino del mantenimiento de la impunidad. El precio que debe pagarse para mantener la Monarquía Parlamentaria es la prolongación de la impunidad. Este es un chantaje a la soberanía popular que no puede mantenerse. La legalidad construida en estos años desde la CE 78 se ha basado en la mentira, el desprecio y la ocultación de la impunidad. No se debe admitir otra legitimidad que la de la II República que robaron al Pueblo a sangre y fuego.

Lo exige la Verdad, la Reparación y la Justicia, el respeto a la dignidad de los que lucharon, de los que entregaron sus vidas y de los que hoy sufren sin esperanza. Una República de Trabajadores, unidos en régimen de libertad y justicia (art.1 CE 31) es imprescindible para vencer en las luchas del presente y ganar el futuro. No habrá cambios sustanciales, ni resistencia a la Troika, ni leyes sociales, ni servicios públicos, ni educación, ni sanidad públicas, no habrá nada de lo que se necesita, si no se derrota al bloque oligárquico dominante cuya tapadera ideal es la impunidad, cuyo mayor garante es la institución monárquica.

Decir República en este país de países, es decir cultura, antifascismo, justicia social, laicismo y un largo etcétera de elementos positivos para definir una sociedad. Esa palabra evoca con su sola presencia la dignidad de un pueblo que supo luchar por su libertad y por un mundo nuevo.

En estos días en los que sale un Borbón, entra otro y el régimen pretende refundarse, es más preciso que nunca aprender de la memoria histórica. El Hilo Rojo de la memoria tiene sus enemigos, son los que quieren desconectar la experiencia de las luchas del pasado con las del presente, para así dejarnos sin futuro.

Desde la Federación Estatal de Foros por la Memoria denunciamos al Régimen por garantizar la permanencia de la Impunidad del Franquismo como cemento indeseable de la Monarquía y de las relaciones sociales de poder heredadas del franquismo, y hacemos también responsables a los que lo silencien. Mientras persista la Impunidad no habrá condiciones democráticas plenas.

Valoramos positivamente la propuesta de referéndum que se viene haciendo estos días sobre la forma de Estado, como una apuesta estratégica para confrontar el derecho a decidir de los ciudadanos, con imposición de la sucesión monárquica. Creemos que la propuesta de referéndum es sin embargo inviable, ya que el régimen no puede consentir el cuestionamiento de la institución monárquica, pilar fundamental del modelo de impunidad y de los poderes económicos causantes y beneficiarios de la actual crisis.

La exigencia de referéndum sobre la forma de Estado deja de manifiesto la absoluta incompatibilidad entre monarquía y democracia. Es una evidencia el carácter indisoluble de la lucha contra la impunidad del franquismo y la apuesta por sustituir el actual régimen monárquico por una República democrática socialmente avanzada: Las víctimas del franquismo no pueden esperar ningún tipo de justicia del régimen monárquico, reinstaurado por la voluntad de Franco; la lucha contra la impunidad de los crímenes franquistas, por la justicia para todas sus víctimas, y por la ilegalización del franquismo, es un elemento central para el cuestionamiento del régimen monárquico de la Transición.

Promover en estas circunstancias iniciativas insuficientemente sustentadas como una Comisión de la Verdad, es una apuesta cuando menos irreflexiva, tal y como hemos explicado repetidamente, que sólo serviría para legitimar la sucesión borbónica en el contexto de una segunda transición, y acabaría apuntalando aún más el modelo español de impunidad. El movimiento republicano y memorialista no debe prestarse a ello, transformándose en cómplice de los que quieren mantener la impunidad.

La Federación Estatal de Foros por la Memoria, por tanto, entiende que no habrá verdadera democracia hasta que:

1. Se reconozca en sede parlamentaria a la II República y a sus defensores y defensoras como referentes democráticos, al mismo tiempo que se declara ilegal el régimen franquista, haciéndolo constar en el preámbulo de la Constitución. Entendemos que esta cuestión es absolutamente incompatible con el régimen monárquico de la transición.

2. Se acabe con el modelo de impunidad español asentado en la Ley de Amnistía de 1977 y la denominada popularmente Ley de Memoria de 2007, aplicando el Derecho Penal Internacional para los crímenes del franquismo y todos los efectos jurídicos, políticos, sociales y económicos que se deriven de la aplicación de los principios de Verdad, Justicia y Reparación.

3. Se investiguen las relaciones de la familia Borbón con el franquismo, en especial las del recién abdicado Juan Carlos de Borbón, al cual desean seguir manteniendo bajo un manto de impunidad, declarando ilegal su invulnerabilidad. Hay demasiadas preguntas sin respuesta, y demasiadas evidencias como para que se exija. La impunidad se hereda con la corona y el régimen pervive gracias a la impunidad de la corte de obispos, banqueros, grandes empresarios y pícaros de toda ralea que pululan alrededor de la corona. Ni qué decir tiene que esa corte, heredada del propio Franco, se nutre y se ha nutrido gracias a la impunidad, por lo que entendemos que esa investigación debe hacerse extensiva a todos los valedores de la corona.

Federación Estatal de Foros por la Memoria, Junio de 2014.